Las imágenes revelan la existencia de una puerta que daba acceso a un “búnker”, donde se encontró documentación que fue secuestrada, incluyendo carpetas relacionadas con jueces, políticos y empresarios.
En agosto de 2018, la Gendarmería Nacional realizó su primera intervención en la residencia de Cristina Kirchner, ubicada en la villa turística de El Calafate, un sitio que ella ha descrito como su “lugar en el mundo”. Durante el procedimiento, los agentes notaron una modificación evidente: sobre el marco de acero se instaló una mampostería y una puerta común, reemplazando la original. Al romper esa nueva entrada, lograron localizar el marco original, que había sido anteriormente un armario con puerta blindada, tal como definió el juez Claudio Bonadio en su momento.
En su procesamiento a la ex presidenta, el magistrado consideró ese espacio como una “bóveda”, un calificativo que Cristina ha desmentido repetidamente. Las imágenes del allanamiento fueron presentadas por primera vez durante el juicio oral a petición de la fiscal León, mostrando un espacio de 2,85 metros de ancho, 0,97 metro de profundidad y 2,20 metros de altura, construido de hormigón, que no fue destruido en el procedimiento. Los observadores del lugar advirtieron sobre un “marco de acero camuflado con madera y un espacio sin acceso”.
El testimonio del ex jefe de la delegación Río Gallegos de la Policía Federal, Adrián Lotocki, fue fundamental en este caso. Lotocki, quien estuvo a cargo del allanamiento, describió que había un ambiente antes de subir al primer piso donde descubrieron una puerta pequeña que contaba con un contramarco. Según su relato, la puerta era muy robusta, lo que dificultó su apertura por parte de la Gendarmería, y de ahí se secuestraron elementos de relevante interés para la causa. Al ser preguntado si allí había una puerta blindada, el oficial afirmó: “Aparentemente sí”.
El material recuperado en ese lugar incluía una variedad de documentos que fueron investigados para determinar si constituían delitos de inteligencia ilegal. Entre estos, había un informe sobre el juez Claudio Bonadio, un dossier sobre Sandra Arroyo Salgado, jueza federal y ex esposa del fallecido fiscal Alberto Nisman, que fue asesinado tras haber denunciado a Cristina Kirchner por encubrimiento en el atentado a la AMIA.
Este allanamiento también proporcionó información sobre que la puerta original “era blindada” y que había sido modificada antes del operativo. Otro dato relevante es que a pocos metros se encontraba el despacho que se sospecha perteneció al ex presidente Néstor Kirchner.
El acta del operativo dejó constancia de lo siguiente: “Se realizó un reconocimiento en el ambiente ubicado en el subsuelo del inmueble en cuestión, al pie de la escalera y frente al pasillo, que actualmente funciona como un pequeño depósito que guarda objetos personales, regalos institucionales, algunos objetos de valor y documentación variada”. En la inspección, se pudo determinar a simple vista que dicho ambiente pudo haber tenido un uso distinto al actual, dado que se constató que había sufrido modificaciones tanto en dimensiones como en los materiales de su marco y puerta de acceso, siendo estos de una madera aglomerada.
Asimismo, se reportó que en el interior del ambiente se hallaba una estantería de estructura de hierro y chapa pintada, y se observó que los muros internos eran de hormigón. El personal de la Gendarmería llevó a cabo acciones complementarias que incluían la remoción del revestimiento antes mencionado. Tras esas tareas, se halló un marco metálico perimetral de acero pintado de color gris claro, en cuya jamba derecha se encontraban amoladas las bisagras, evidenciando que la puerta giraba hacia la izquierda y se abría hacia el exterior.
Se determinó que la altura de la puerta era de 1,80 por 0,70 de ancho. ¿Qué se concluyó de esto? Que “es indicio que habría existido una puerta blindada o de seguridad, cuya apertura era hacia el exterior, con giro izquierdo”, como consta en el acta presentada en el juicio.
Las imágenes y el video del operativo fueron expuestos durante la declaración testimonial del comisario retirado Lotocki, quien tuvo a su cargo tanto el allanamiento en El Calafate como el de la residencia de los Kirchner en Río Gallegos. Al mostrarle fotos de dos cajas fuertes de esta propiedad, el testigo no pudo recordar su existencia. En lo que respecta al procedimiento en El Calafate, Lotocki mencionó que se llevó a cabo junto con personal de Gendarmería Nacional, resaltando que el punto central de su testimonio fue la puerta camuflada. Sin embargo, el testigo no pudo recordar muchos detalles de las preguntas realizadas por la fiscalía, lo que generó un desacuerdo con la fiscal León. Ella le preguntó: “¿Por qué no recuerda nada?” A lo que Lotocki respondió: “No dije que no recordaba nada, dije que había algunas cosas que no recordaba porque pasó hace muchos años”. La fiscal concluyó: “La fiscalía quiere saber la verdad, no interrogar testigos que dicen no recordar”.
Entre otros documentos recuperados del lugar, había papeles vinculados a Guillermo Elazar, ex pareja de la jueza Sandra Arroyo Salgado, así como datos sobre su situación patrimonial provenientes de la AFIP. También se secuestró un documento titulado “Reutemann agendas”, el cual hacía referencia al senador santafesino, quien mantuvo una relación compleja con el matrimonio Kirchner, apoyándolos hasta su ruptura con el campo.
Entre otras carpetas se encontraron informes sobre Francisco De Narváez, el empresario y político que en 2009 derrotó a Néstor Kirchner en las elecciones. También surgieron informes sobre grupos empresariales, incluyendo transcripciones de escuchas telefónicas relacionadas con Barrick Gold, la principal empresa minera en el país, y sobre el escándalo de las coimas asociadas a Petrobras, donde Cristóbal López buscó hacer pie. La carpeta contenía documentación pertinente a la “Licitación de Combustible por parte de ENARSA”, así como transcripciones de teleconferencias entre analistas de varios bancos y REPSOL respecto a la expropiación de YPF.
Además de las empresas mencionadas en las carpetas, la Policía Federal detectó movimientos bancarios de varias de ellas. Según fuentes judiciales, había “planillas donde se sospecha controlaban sus gastos y ganancias”. También se encontró un informe relacionado con Antonio “Jaime” Stiuso, el ex jefe de los espías destituido por Cristina Kirchner en diciembre de 2014, y otro sobre Pedro Tomás Viale, conocido como “Lauchón”, un agente de contrainteligencia asesinado que era de extrema confianza de Stiuso.
En el escenario de nombres y empresas, se recuperó una carpeta sobre Federico Elaskar, el empresario vinculado con La Rosadita, una financiera donde el hijo de Lázaro Báez, Martín, junto a su abogado Jorge Chueco y otros asociados, fueron implicados en el manejo de más de cinco millones de dólares.
Un dato curioso entre los documentos secuestrados en la casa de la ex mandataria: había un informe sobre una denuncia que se había realizado por la sospecha de que no poseía su título de abogada. También se hallaron informes sobre el Grupo Clarín y un análisis exhaustivo realizado por la Agencia Federal de Inteligencia que abarcaba la compra de dólares en pleno cepo cambiario, categorizada por compradores frecuentes, de grandes volúmenes o compulsivos, toda la información correspondiente al año 2014.
