La propuesta legislativa surgió frente al proyecto del Poder Ejecutivo provincial para modificar la Ley Provincial de Carnes. El objetivo de esa iniciativa es actualizar la normativa e incorporar las denominadas “proteínas silvestres”, entre ellas la carne de guanaco y de jabalí, al circuito comercial formal. De esta manera, se permitiría su venta en carnicerías y restaurantes bajo controles sanitarios y de trazabilidad.
El ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, defendió la iniciativa y señaló que existe una fuente de proteína que actualmente no puede comercializarse de manera formal. Según explicó, se trata de una carne magra y de buena calidad cuyo aprovechamiento se busca habilitar dentro de un marco legal y con garantías sanitarias.
El planteo oficial también supone modificar el enfoque sobre la especie: pasar de un sistema centrado exclusivamente en el control de su población a otro que contemple el uso responsable del recurso.
Odarda, en cambio, cuestionó que existan estudios científicos actualizados que permitan sostener que hay una superpoblación de guanacos en Río Negro. Su proyecto se apoya además en otros tres argumentos: la presencia del parásito Sarcocystis spp. en ejemplares de la provincia y las dudas que genera respecto de la seguridad alimentaria; el reclamo del Parlamento del Pueblo Mapuche Tehuelche por la falta de consulta en la normativa de fauna sancionada en 2025; y la intención de reconocer al guanaco como parte del patrimonio natural y cultural provincial.
El debate tiene antecedentes diferentes en otras provincias patagónicas. En Santa Cruz, el aprovechamiento de la especie se encuentra regulado mediante un Plan de Manejo que contempla su faena y comercialización. La población de guanacos de esa provincia se habría duplicado en la última década hasta alcanzar los 2 millones de ejemplares. Además, existe un comercio específico de su carne, cuyos cortes se ofrecen a precios inferiores a los de la carne vacuna. Investigaciones del INTA señalan que se trata de una carne hipermagra y con alto contenido proteico. Durante 2025 se registró la caza regulada de más de 10.000 ejemplares.
En Chubut, en tanto, productores rurales reclaman medidas frente al crecimiento de la población de guanacos y sus efectos sobre la actividad ovina. Según plantean, la combinación entre la presencia de depredadores y una población estimada en 1,5 millones de ejemplares volvió más difícil la actividad ganadera. Los productores sostienen que las pérdidas por depredación alcanzan el 25% de los rebaños y reclaman un esquema similar al aplicado en Santa Cruz que permita la extracción y comercialización de guanacos, debido también a la competencia por el forraje y el agua.
La discusión enfrenta así dos posiciones. Por un lado, sectores que consideran al guanaco un recurso que puede contribuir a la economía rural y a la disponibilidad de alimentos. Por otro, quienes plantean la necesidad de priorizar la protección de una especie nativa.
El antecedente histórico también forma parte del debate. Los guanacos fueron utilizados durante décadas para obtener carne y fibra, pero en 1997, frente a una situación de sobreexplotación, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) recomendó suspender la importación de productos de guanaco provenientes de Argentina. La excepción quedó limitada a la fibra obtenida de animales vivos.
Investigadoras del Conicet, Andrea Marino, Victoria Rodríguez y Natalia Schroeder, cuestionaron la idea de atribuir la degradación ambiental en Santa Cruz y Chubut a la presencia de guanacos. Según su planteo, la especie funciona como un “chivo expiatorio” frente al sobrepastoreo generado históricamente por el ganado.
Las investigadoras también señalaron que los guanacos presentan comportamientos y adaptaciones fisiológicas diferentes de las especies domésticas, lo que les permite generar un menor impacto ambiental y aprovechar el forraje de manera más eficiente. Al mismo tiempo, remarcaron que cualquier estrategia de aprovechamiento comercial debería contemplar criterios que garanticen la sostenibilidad ecológica.
