Durante una presentación realizada por la autoridad monetaria, Werning rechazó la idea de que el país pueda beneficiarse con “un poco más de inflación” para alcanzar otros objetivos económicos. Según explicó, incluso aumentos de precios considerados moderados generan un impacto significativo sobre el patrimonio de las familias.
El funcionario sostuvo que la inflación acumulada entre 2003 y 2023 alcanzó el 50.000%, lo que implicó que $1000 de ese período tengan actualmente un poder de compra equivalente a apenas $2. De acuerdo con sus cálculos, esto representó una pérdida del 99,8% del valor real del dinero.
El debate sobre la relación entre inflación, tipo de cambio y crecimiento económico había generado distintas posturas entre economistas. Algunos plantearon que un nivel de inflación más elevado junto con un tipo de cambio más alto podría favorecer el desarrollo de sectores productivos diferentes a las actividades primarias de exportación. Otros consideraron que una eventual depreciación de la moneda solo tendría sentido dentro de un programa económico integral, mientras que también hubo quienes señalaron que una suba del dólar podría aliviar parte de las dificultades del sector productivo. En contraposición, se advirtió que en Argentina los movimientos del tipo de cambio suelen trasladarse rápidamente a los precios.
Werning afirmó que el problema inflacionario no está únicamente relacionado con su nivel, sino también con su permanencia en el tiempo. Explicó que la inflación crónica desarrolla una dinámica propia porque, al reducir la demanda de pesos, obliga al Estado a utilizar tasas de interés cada vez más elevadas para sostener la recaudación asociada al llamado impuesto inflacionario.
“La inflación no es algo que uno controla y puede decir: este año 1%, el año que viene medio. La inflación tiene inercia”, afirmó el vicepresidente del BCRA, quien rechazó la posibilidad de utilizar una mayor inflación como herramienta para alcanzar otros objetivos económicos.
Según las estimaciones presentadas por la entidad monetaria, el impuesto inflacionario generó para las familias argentinas una pérdida patrimonial cercana a los US$390.000 millones durante el período 2003-2023. Werning señaló que los hogares fueron los principales afectados por la pérdida del poder adquisitivo del dinero y la reducción del valor de sus ahorros.
El funcionario también detalló que el propio patrimonio del BCRA sufrió un deterioro estimado en unos US$553.000 millones durante esas dos décadas, equivalente al 85% del Producto Bruto Interno (PBI). Según explicó, ese impacto estuvo vinculado a distintos mecanismos utilizados para financiar al Tesoro Nacional.
Dentro de ese cálculo, mencionó que aproximadamente US$116.000 millones correspondieron a Letras Intransferibles, US$142.000 millones a Adelantos Transitorios, US$113.000 millones a distribución de utilidades contables, US$43.000 millones a otros mecanismos de asistencia y US$138.000 millones al costo de esterilizar los pesos emitidos para financiar al sector público.
Werning sostuvo que estos antecedentes justifican la necesidad de modificar la Carta Orgánica del BCRA. Según explicó, el uso sostenido de instrumentos de asistencia al Tesoro permitió financiar déficits fiscales durante más de veinte años, pero afectó el equilibrio patrimonial de la autoridad monetaria y contribuyó a mantener un proceso inflacionario persistente.
En ese marco, indicó que la reforma busca eliminar de manera definitiva esos mecanismos. La iniciativa establece la eliminación de las Letras Intransferibles como herramienta de financiamiento del Tesoro, prohíbe los Adelantos Transitorios, restringe la distribución de utilidades a ganancias efectivamente realizadas y refuerza la autonomía del BCRA para evitar que vuelva a ser utilizado como fuente de financiamiento del sector público.
Al mismo tiempo, la propuesta amplía las herramientas disponibles para intervenir en los mercados secundarios.
Durante su exposición, Werning también destacó que la inflación afecta el ahorro en moneda local, dificulta la inversión y reduce las posibilidades de financiamiento para el sector privado.
Además, remarcó que la reforma institucional debe estar acompañada por una política fiscal consistente. Señaló que el objetivo es consolidar al BCRA como una autoridad monetaria enfocada en preservar el valor de la moneda, sin quedar subordinada a las necesidades financieras del Tesoro.
En ese sentido, afirmó que la estabilidad económica no depende únicamente de una modificación legal, sino también de la continuidad de un esquema de equilibrio fiscal permanente.
