La definición sobre el horario y el temario de la sesión quedará en manos de la reunión de Labor Parlamentaria prevista para este miércoles a las 14. Allí, los presidentes de los distintos bloques analizarán la convocatoria y terminarán de establecer el orden de tratamiento.
La sesión se producirá luego de que la senadora Patricia Bullrich, presidenta del bloque oficialista, mantuviera encuentros con referentes de bloques dialoguistas para evaluar posibles respaldos y verificar el escenario de votos. Tras la aprobación de la denominada ley de “Inocencia Fiscal II” y algunos desacuerdos con medidas del Gobierno, el oficialismo busca sostener el impulso parlamentario.
Uno de los puntos que concentra mayor discusión dentro de la reforma del BCRA es el mecanismo previsto para remover a las autoridades de la entidad. El proyecto establece que para destituir a un director será necesaria una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso, una exigencia similar a la contemplada para un juicio político al Presidente o a los integrantes de la Corte Suprema.
La iniciativa promovida por el presidente Javier Milei plantea una modificación del marco regulatorio del Banco Central y fija como prioridad la preservación del valor de la moneda. Al mismo tiempo, elimina los objetivos incorporados durante el kirchnerismo vinculados con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo con equidad social, considerados por el actual Gobierno como parte de un esquema equivocado.
Otro de los ejes del proyecto apunta a limitar el financiamiento del Tesoro mediante el Banco Central. Para ello, propone prohibir los adelantos transitorios y restringir la adquisición de títulos públicos en el mercado primario, con el objetivo de impedir que la emisión monetaria sea utilizada para cubrir desequilibrios fiscales.
El régimen de designación y remoción de las autoridades del BCRA constituye, de todos modos, uno de los principales focos de debate. El texto endurece las condiciones para desplazar al presidente y a los directores de la entidad mediante la exigencia de mayorías agravadas en el Congreso.
Si el Senado sanciona el proyecto sin modificaciones, quedará convertido en ley. Si los senadores introducen cambios, en cambio, deberá regresar a la Cámara de Diputados para una nueva revisión, una alternativa que el oficialismo busca evitar para no demorar la puesta en marcha de la reforma.
El segundo proyecto de relevancia modifica el régimen de zonas frías y los subsidios al gas que habían sido ampliados en 2021 durante la administración anterior. El Gobierno actual cuestiona esa ampliación por considerarla “electoralista” y propone reemplazar el criterio territorial por otro basado principalmente en los ingresos y las condiciones de vulnerabilidad de los hogares.
De aprobarse los cambios, la cobertura automática quedaría concentrada en regiones consideradas de temperaturas extremadamente bajas, entre ellas la Patagonia, Malargüe y la Puna. Los hogares que reúnan las nuevas condiciones podrían continuar recibiendo el beneficio mediante un régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, mientras que quienes accedieron a los descuentos a partir de la ampliación anterior podrían sufrir una reducción de la asistencia.
La discusión también tiene un componente fiscal y federal. Desde el oficialismo sostienen que el esquema vigente elevó el gasto público sin una justificación técnica suficiente. En la oposición, en cambio, cuestionan que la modificación pueda traducirse en mayores tarifas para hogares y pequeñas actividades económicas ubicadas en zonas con inviernos severos o con un elevado consumo de gas.
El temario podría incluir además un proyecto para regular el mercado voluntario de carbono. La propuesta establece reglas para la certificación, el registro y la comercialización de créditos generados por iniciativas destinadas a reducir o evitar emisiones de gases de efecto invernadero.
Aunque no ocupa el centro de la sesión, el proyecto apunta también a brindar un marco jurídico para productores y potenciales compradores de activos ambientales. Su tratamiento podría contribuir a reunir el respaldo de senadores de regiones productivas interesados en acompañar iniciativas vinculadas con cuestiones ambientales.
