Los datos surgen de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), a partir de un análisis realizado sobre la situación crediticia de las familias. De los 20,73 millones de personas registradas como deudoras, 5,52 millones presentan algún grado de irregularidad, equivalente al 26,6% del total. El monto de esas obligaciones alcanza los $17,98 billones y representa el 18% de la deuda del sistema financiero.
La morosidad entre las familias llegó al 12,9% en julio, según el último Informe sobre Bancos del BCRA. Dentro del universo total de deudores, 15,75 millones tienen obligaciones con entidades del sistema financiero tradicional, mientras que 12,67 millones mantienen deudas con prestadores no bancarios, entre los que se encuentran empresas de servicios financieros y comercios. Parte de los deudores se encuentra registrada en ambos segmentos: alrededor de 7,7 millones tienen compromisos con los dos tipos de prestadores y 4,97 millones solamente con entidades no bancarias.
El nivel de incumplimiento es especialmente elevado entre los más jóvenes. Entre quienes tienen menos de 24 años, el 38,8% registra algún tipo de deuda irregular. Ese grupo reúne a 1,25 millones de personas. La proporción baja al 35,7% entre quienes tienen entre 25 y 34 años, al 30% entre los de 35 a 44 y al 24% entre los de 45 a 54 años.
En términos de cantidad de personas, los menores de 34 años representan el 36,5% del total de morosos, con unos 2,02 millones de individuos. De ese universo, 1,53 millones tienen entre 25 y 34 años. Los de entre 35 y 44 años suman 1,4 millones y representan el 25% de los morosos, mientras que el grupo de 45 a 54 años reúne a unas 980.000 personas, equivalentes al 17,8%. Los mayores de 55 años representan el 20%, con aproximadamente 1,12 millones de deudores.
Sin embargo, la cantidad de morosos no se corresponde necesariamente con el volumen de dinero adeudado. Más de la mitad de la deuda irregular, el 54,5%, está concentrada en personas menores de 44 años, con un total de $9,8 billones.
El segmento de 35 a 44 años es el que concentra el mayor monto de deuda irregular: $5,55 billones, equivalentes al 31% del total. En ese grupo, la deuda total asciende a $29,2 billones. Los deudores de entre 45 y 54 años concentran otros $4,39 billones en situación irregular, el 24,4% del total, mientras que quienes tienen entre 25 y 34 años acumulan $3,7 billones, equivalentes al 20,6%.
En el extremo más joven, los menores de 24 años presentan la tasa de morosidad más elevada, pero sus montos son considerablemente menores. Su deuda irregular ronda los $550.000 millones, apenas el 3,1% del total. En cambio, las personas mayores de 55 años acumulan unos $3,77 billones en obligaciones irregulares, el 21% del total.
Otro de los datos destacados es la concentración de los mayores montos entre un grupo reducido de deudores. El 10,2% de las personas con deuda irregular, unas 561.000, concentra el 58,5% del total de la mora, equivalente a $10,5 billones. En promedio, cada integrante de este grupo registra obligaciones superiores a $18,7 millones.
En el otro extremo, casi la mitad de los morosos concentra una proporción muy pequeña de la deuda. Unos 2,6 millones de personas, equivalentes al 47,8% del total, reúnen apenas el 5,5% de la mora, por unos $820.000 millones. El saldo promedio de este grupo es de aproximadamente $309.537.
También se observan diferencias entre quienes recurren a entidades bancarias y quienes obtienen financiamiento a través de prestadores no bancarios. Estos últimos concentran alrededor de un 30% más de personas morosas, aunque se trata de un universo de deudores más joven y con obligaciones promedio de menor magnitud.
La situación tampoco implica que todas las personas consideradas morosas tengan la totalidad de sus compromisos en situación irregular. Los 5,52 millones de deudores con algún incumplimiento acumulan $24,89 billones en obligaciones totales, pero solo $17,98 billones se encuentran en situación irregular. La diferencia, de $6,91 billones, corresponde a deudas que permanecen al día.
El análisis también vincula el aumento de la morosidad con la evolución de los ingresos y del empleo en un contexto de expansión del crédito. Según la evaluación citada, el incremento de las obligaciones financieras se produjo mientras los ingresos reales de las familias enfrentaban una situación más restrictiva.
A su vez, las tasas de los préstamos personales se mantuvieron por encima del crecimiento de los salarios durante la segunda mitad de 2025. Esto implicó un aumento de los costos fijos para los hogares en un escenario de menores ingresos reales.
Pese al deterioro observado en las carteras crediticias, el análisis señala que los niveles actuales no configuran un problema sistémico para el sistema financiero. La principal tensión se concentra en determinados grupos de edad y, especialmente, en un segmento reducido de deudores que acumula la mayor parte de los montos en situación irregular.
