La reforma, promovida por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, contempla ampliar a cinco años el plazo para realizar la primera revisión técnica, extender a dos años la periodicidad para vehículos de hasta diez años de antigüedad y permitir que talleres particulares y concesionarias puedan realizar las inspecciones, eliminando la exclusividad de los centros tradicionales de RTO.
A partir del jueves 16 de julio, el Gobierno nacional debió volver al esquema de control anterior en las jurisdicciones alcanzadas por la normativa, con los plazos previos y la exclusividad de los centros habilitados. La medida no alcanza a los distritos que no adhirieron al decreto, entre ellos la provincia de Buenos Aires.
Actualmente se encuentran suspendidos los efectos de los artículos 12 y 13 del Decreto 196/2025 y de la Disposición SSTAU 3/25. La Ciudad de Buenos Aires es la única jurisdicción que avanzó con un esquema similar al planteado por la reforma nacional.
La nueva presentación judicial fue realizada por la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica de Vehículos de Autotransporte Interjurisdiccional (CATRAI), que cuestionó los cambios por considerar que podrían generar un conflicto de intereses al permitir que establecimientos dedicados a la reparación de vehículos también realicen controles técnicos.
Uno de los principales argumentos considerados por la Cámara fue la falta de respaldo técnico suficiente para demostrar que la ampliación de los plazos de revisión y la eliminación de la exclusividad de los centros de inspección no tendrán impacto sobre la seguridad vial.
Los jueces también cuestionaron la utilización de normas europeas e internacionales como fundamento de la desregulación. En particular, señalaron que la Directiva 2014/45/UE establece la necesidad de garantizar un alto nivel de imparcialidad y objetividad en las inspecciones y contempla restricciones a la coexistencia de intereses comerciales vinculados con la reparación y el control técnico.
A partir de estos argumentos, los jueces Guillermo Fabio Treacy y Pablo Gallegos Fedriani dejaron sin efecto la decisión de primera instancia que había rechazado una medida cautelar anterior. Esa primera presentación había frenado inicialmente la implementación de la reforma en octubre de 2025.
El conflicto judicial comenzó después de que el Gobierno rechazara, mediante el Decreto 139/2026, un reclamo administrativo presentado por CATRAI. Posteriormente, en junio, se publicó la Resolución 32/2026, que puso en marcha el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica y habilitó la inscripción de nuevos prestadores.
La Ciudad de Buenos Aires también avanzó con cambios propios. El 18 de junio fue sancionada y promulgada la Ley 6.963, que adopta un esquema similar al previsto para las RTO nacionales y permite habilitar talleres particulares a medida que venzan las concesiones actuales de las plantas oficiales de VTV.
Sin embargo, la información publicada actualmente en el sitio oficial de la Ciudad mantiene los plazos anteriores: cuatro años para la primera verificación, dos años para vehículos de entre cuatro y siete años de antigüedad y controles anuales para los que superen los siete años.
La diferencia entre la normativa vigente y la información disponible para los usuarios genera una situación de transición. Desde el Gobierno porteño señalaron que todavía se trabaja en la aplicación de los cambios, por lo que, hasta que se comuniquen nuevas instrucciones, los usuarios deberían continuar bajo el esquema actualmente informado.
