En este contexto, la cartera que dirige Juan Bautista Mahiques ha creado una nueva comisión con el propósito de “simplificar procedimientos, modernizar y actualizar” la normativa vigente, según lo argumentado por las autoridades.
La medida fue formalizada a través de la Resolución 276/2026, publicada en el Boletín Oficial. Esta resolución establece que la comisión estará integrada por representantes del Ministerio de Justicia y la Corte Suprema, entre otras instituciones judiciales, quienes desempeñarán sus funciones “ad honorem”.
Según la normativa, el Código Procesal Penal Federal “representa un cambio sustancial hacia un modelo acusatorio, orientado a garantizar una justicia penal más transparente, eficiente y respetuosa de los derechos y garantías constitucionales”.
En el mismo documento se enfatizó que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 188/24 confiere al Ministerio de Justicia funciones para “la implementación y puesta en funcionamiento progresiva de las nuevas modificaciones en las distintas jurisdicciones del país”.
En este sentido, el texto oficial subrayó que los fenómenos delictivos contemporáneos demandan “respuestas procesales adecuadas”.
Se refirieron específicamente a modalidades asociadas a la criminalidad organizada y a los delitos económicos complejos. También se prevé la actualización de la normativa relacionada con la ciberdelincuencia y la cooperación internacional, así como la incorporación de la evidencia digital.
Con la autoridad legal para intervenir en la reforma, el Ministerio sostiene que es necesario “promover una revisión integral del régimen procesal penal federal” que actualmente rige.
Por estas razones, el Gobierno ha decidido anular la anterior Resolución N° 122/26 y establecer en su lugar una nueva “Comisión para la Reforma del Código Procesal Penal Federal”. Este cambio busca crear “un ámbito institucional de trabajo especializado, plural e interdisciplinario”.
La Comisión tiene como objetivo elaborar un anteproyecto de ley para reformar el citado cuerpo normativo y llevará a cabo reuniones temáticas para analizar las distintas etapas del proceso penal.
Para cumplir con esta tarea, la Comisión contará con el apoyo de la Dirección de Asistencia Técnica y Legislativa y podrá solicitar colaboración de otras áreas del Ministerio cuando la complejidad así lo requiera.
La resolución estipula que la Comisión debe garantizar una “representación equilibrada de los distintos actores involucrados”, lo que incluye no solo a funcionarios judiciales, sino también a expertos de la comunidad académica nacional. Finalmente, la medida cuenta con el asesoramiento jurídico continuo del Ministerio de Justicia.
