Dentro del justicialismo conviven distintas lecturas sobre las conversaciones que mantienen los gobernadores con Diego Santilli y los primos Martín y Lule Menem, en representación de Karina Milei. Algunos dirigentes consideran que el oficialismo todavía no cuenta con los respaldos suficientes y señalan que, de haberlos conseguido, el tratamiento en el Senado ya habría comenzado. Otros, en cambio, dan por probable que las negociaciones terminen con la aprobación del proyecto impulsado por la Casa Rosada y señalan que los compromisos pendientes del Gobierno podrían pesar en las decisiones de algunos mandatarios.
La atención del peronismo está puesta especialmente en los gobernadores del norte vinculados al PJ. De acuerdo con lo acordado en la cumbre de agosto realizada en el hotel Emperador, estos dirigentes buscarían generar dificultades electorales en sus provincias si sus mandatarios respaldan la eliminación de las primarias.
Gustavo Sáenz, quien manifestó su apoyo a eliminar las PASO, podría enfrentar distintos escenarios en Salta, entre ellos el intento de impulsar otro candidato o cuestionamientos a su intención de buscar un tercer mandato luego de la reforma de la Constitución provincial. En este escenario también aparecen Flavia Royón y la jujeña Carolina Moisés, en coordinación con Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo.
Jalil no buscaría la reelección en Catamarca y apuesta a que el candidato sea Gustavo Saadi, actual intendente de la capital provincial. En caso de aprobarse la reforma, su postulación al Senado podría quedar bloqueada. El gobernador mantiene influencia sobre el legislador local Guillermo Andrada, aunque no sobre Lucía Corpacci. En Tucumán, Jaldo cuenta con respaldo entre Sandra Mendoza y Beatriz Avila y manifestó su apoyo a mantener las PASO, mientras también se analiza impulsar el desafío de Juan Manzur.
Entre los dirigentes que participan de las negociaciones con los gobernadores existe coincidencia en que el Gobierno tiene herramientas para ofrecer, aunque también señalan que los antecedentes de incumplimientos generan desconfianza. “El Gobierno tiene mucho para ofrecer, pero ya falló tantas veces… ¿Por qué van a confiar otra vez en un mal pagador, en un tema tan sensible?”, plantearon.
Hasta el momento, Sáenz y Jalil, considerados entre los gobernadores más inclinados a respaldar la reforma, no impartieron instrucciones a sus senadores. Según uno de los dirigentes involucrados, el oficialismo busca cerrar un acuerdo que incluya las PASO y el Presupuesto, mientras que los mandatarios no estarían en condiciones de comprometerse en ninguno de los dos asuntos.
La posibilidad de un entendimiento sigue abierta, aunque las negociaciones están condicionadas por la falta de acuerdos político-electorales en cada provincia, los incumplimientos que los dirigentes atribuyen al Gobierno y la posibilidad de que el proyecto sea modificado hasta último momento. “Está todo muy verde”, resumió uno de los participantes.
En paralelo, los negociadores de la Casa Rosada buscan sumar el respaldo de gobernadores radicales, lo que podría aportar entre siete y ocho senadores. El oficialismo cuenta con 21 legisladores propios y necesita alrededor de diez votos adicionales para alcanzar los 37 necesarios para aprobar una reforma electoral que requiere una mayoría especial.
La búsqueda de apoyos incluye a senadores del PRO, dirigentes vinculados a gobernadores peronistas y representantes de otros espacios provinciales. Entre ellos aparecen el misionero Hugo Passalacqua, el chubutense Ignacio Torres, el neuquino Rolando Figueroa y el santacruceño Claudio Vidal, aunque el acompañamiento no está asegurado. También forman parte de las conversaciones la cordobesa Alejandra Vigo y el correntino Camau Espínola.
Mientras tanto, el peronismo busca mantener las PASO como mecanismo para resolver sus disputas internas y definir el liderazgo del espacio. En ese escenario se mantiene la disputa entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner, mientras Sergio Massa incrementa su actividad política y plantea su aspiración presidencial.
El senador sanjuanino Sergio Uñac, que también recorrió distintas provincias, propuso avanzar con una interna partidaria para evitar que la definición quede condicionada por las negociaciones con el Gobierno. Sin embargo, la iniciativa enfrenta por ahora dificultades logísticas y de costos que impiden su implementación.
