Los jueces consideraron que Mangini habría cumplido un papel central en la captación de personas en situación de vulnerabilidad para utilizar sus datos en la apertura de cuentas. También señalaron riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación y destacaron su función en el Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires.
El fallo de María Silvia Oyhamburu, Sofía Rezzónico Bernard y Raúl Dalto ratificó la orden de detención dictada por el juez de Garantías N° 6 de La Plata, Agustín Crispo, a partir de una investigación que lleva dos años.
Uno de los puntos centrales de la resolución fue establecer que la detención no se produjo sin una orden judicial. La Cámara determinó que existía una resolución específica del 12 de agosto, luego de que la Justicia rechazara un pedido de eximición de prisión presentado por la defensa.
La detención se concretó el 13 de agosto, durante un allanamiento en el domicilio de Mangini. Su abogado había cuestionado que la resolución no estuviera claramente disponible en el expediente electrónico. Sin embargo, el tribunal sostuvo que una eventual dificultad para acceder inmediatamente al documento no significa que la orden judicial no hubiera existido.
Los jueces también rechazaron el planteo referido a que Mangini debía ser informada previamente sobre su detención. Según la resolución, mantener la reserva de la medida era necesario para evitar que otros posibles involucrados fueran alertados y pudieran afectar el avance de la investigación.
La Cámara respaldó además la hipótesis de que Mangini habría integrado una estructura organizada con funciones determinadas. Según la acusación, su vínculo con personas bajo seguimiento del Patronato de Liberados habría sido utilizado para captar potenciales “mulas” financieras.
La investigación incorporó testimonios de exdetenidos que señalaron que Mangini habría ofrecido hasta $80.000 a cambio de facilitar la apertura de cuentas. Esos relatos fueron contrastados con otros elementos incorporados al expediente, entre ellos conversaciones, análisis de antenas y movimientos financieros.
Otro de los elementos considerados fue un contacto registrado en el teléfono de Mangini como “MAURO”, que durante el procedimiento habría enviado un mensaje para consultar si ella estaba disponible. El hecho fue incorporado al análisis de la posible participación de la funcionaria y de los riesgos procesales.
La causa investiga una organización que habría utilizado cuentas de terceros para realizar operaciones y que, según la acusación, habría movilizado alrededor de $27.000 millones. Dentro de la pesquisa también se analiza la actividad financiera de Ignacio Leonel Marchioni.
La defensa sostuvo que Mangini había permanecido en libertad durante casi dos años sin intentar fugarse, que tenía domicilio conocido, trabajo, propiedades y vínculos familiares en la región. También había informado un viaje al exterior previsto entre el 28 de septiembre y el 8 de octubre.
La Cámara consideró que esos elementos no alcanzaban para descartar los riesgos procesales, especialmente porque durante los últimos meses se incorporaron nuevas declaraciones, información financiera y análisis de comunicaciones.
El tribunal también aclaró que la detención no fue dispuesta únicamente por la gravedad de los delitos investigados. Según la resolución, el juez de Garantías evaluó de manera individual la situación de cada acusado. Aunque la fiscalía había solicitado la detención de seis personas, Crispo decidió no detener a tres de ellas al considerar que no existían elementos suficientes para justificar la sospecha requerida por la ley.
La investigación continúa con el análisis de personas, teléfonos, cuentas y movimientos de dinero para determinar el alcance de la estructura que, según la acusación, habría utilizado las identidades financieras de personas vulnerables.
